La medida cautelar, dictada por el Juzgado Federal 2 de Catamarca, tiene como objetivo proteger los derechos de miles de personas con discapacidad en todo el país pero el otro objetivo que tiene es frenar las auditorías masivas que habían generado una ola de suspensiones injustificadas.

El juez Guillermo Díaz Martínez, titular del Juzgado Federal 2 de Catamarca, dictó este fallo que se apoya en la doctrina establecida por la Corte Suprema en el caso "Halabi", que regula los procesos colectivos. En este sentido, el juez consideró que la suspensión de las pensiones representaba "una vulneración sistemática a los derechos de las personas con discapacidad", derivada de una misma causa normativa (el Decreto 843/2024) y de un proceso fáctico irregular (las auditorías masivas de la ANDIS).

El Decreto 843/2024, promulgado en septiembre de este año, elevó al 66% el umbral mínimo de disminución de la capacidad laboral para acceder a una Pensión No Contributiva; además, amplió las causales para suspender o dar de baja estas pensiones y, es por eso que las organizaciones que impulsaron el reclamo judicial, explican que esta normativa fue utilizada como herramienta para justificar auditorías y suspensiones masivas, afectando gravemente a uno de los colectivos históricamente vulnerados en el país.

La ANDIS había comenzado en agosto de 2024 un proceso de auditorías sobre los beneficiarios de estas pensiones pero en pocos meses, todo estalló: estas revisiones fueron duramente cuestionadas por su falta de transparencia y accesibilidad de las personas con discapacidad que muchas veces están postradas en una cama si posibilidad de moverse.

Según datos oficiales, la ANDIS envió 997.654 cartas documento para notificar a los beneficiarios sobre las auditorías pero, más de la mitad (504.802) no fueron entregadas debido a errores formales o problemas logísticos; en provincias como Chaco, Formosa y Corrientes, las citaciones fallidas superaron el 70%. Cabe recordar que antes del fallo judicial, la ANDIS había suspendido el pago de 111.463 pensiones, dejando a miles de personas sin su principal sustento económico

El caso fue impulsado inicialmente por Dalmacio Mera, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Catamarca y contó con el respaldo de diversas organizaciones civiles y especialistas en derechos humanos como la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFaDiM), la Asociación Azul, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.

Así, el juez Guillermo Díaz Martínez ordenó a la ANDIS restablecer todas las pensiones suspendidas y pagar retroactivamente los haberes retenidos desde el momento en que se produjo la quita del beneficio. Asimismo, prohibió a la agencia continuar con las auditorías basadas en el Decreto 843/2024 o realizar nuevas suspensiones hasta que se dicte una sentencia definitiva.