POLÍTICA – Redacción Los Reporteros 

 La Iglesia argentina volvió a sentar una postura firme frente a uno de los debates más calientes del Congreso: la baja de la edad de imputabilidad para menores. Bajo el título "Más oportunidades que penas", la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su rechazo a que el endurecimiento de las penas sea presentado como la "única respuesta" frente a la delincuencia juvenil.

Desde la institución advirtieron que focalizar el debate exclusivamente en lo punitivo es una "idealización" que no resuelve el problema de fondo. Según el documento difundido este sábado, la verdadera raíz de la violencia juvenil se encuentra en el avance del narcotráfico y la deserción escolar, factores que el Estado no está logrando contener.

Los puntos clave del reclamo

La Iglesia planteó una serie de interrogantes que ponen en duda la infraestructura del sistema actual para aplicar esta ley:

• Falta de dispositivos: "¿Dónde van a recluir a los menores? ¿En serio creemos que la cárcel es la solución?", cuestionaron, resaltando la crisis que atraviesan los establecimientos penitenciarios hoy.
• El avance del narcotráfico: El comunicado señala que la droga "destruye a los jóvenes en los barrios" y que se habla muy poco de combatir seriamente a las redes que los utilizan como mano de obra.
• Prevención sobre castigo: La propuesta eclesiástica es clara: se necesitan más docentes capacitados y con salarios dignos antes que más guardiacárceles.

Solidaridad con las víctimas

Si bien la postura es crítica hacia la baja de la edad, la Iglesia también expresó su profunda solidaridad con las víctimas de delitos cometidos por menores, reconociendo que muchas veces se trata de actos de violencia extrema que dejan heridas imborrables. Sin embargo, remarcan que para frenar esa violencia se requiere una transformación profunda y políticas públicas a largo plazo, no solo un cambio en el Código Penal.

Escenario en el Congreso

Esta declaración llega justo antes de que el oficialismo busque avanzar con el proyecto en sesiones extraordinarias, donde la intención es bajar la edad punible de 16 a 13 años (o 14 según el dictamen previo). La voz de los obispos suma una presión moral y social significativa a un debate que promete ser uno de los más intensos del verano legislativo.