Redacción Los Reporteros

La justicia federal volvió a poner la lupa sobre la gestión de asistencia social del Gobierno Nacional. En las últimas horas, un nuevo fallo judicial exige que se regularice de forma inmediata la entrega de alimentos retenidos en depósitos oficiales, ante la crítica situación que atraviesan miles de comedores y merenderos en todo el país, incluyendo los de nuestra región.

La medida, impulsada por diversos amparos, obliga al Ejecutivo a dar respuestas concretas sobre el stock de mercadería y los motivos por los cuales el flujo de asistencia se encuentra prácticamente paralizado desde el inicio de la gestión.

Los puntos clave del fallo

• Plazo perentorio: El Gobierno tiene 48 horas para presentar un informe sobre el estado de los alimentos.
• Plan de entrega: Se exige un cronograma de distribución para productos que, en muchos casos, estarían cerca de su fecha de vencimiento.
• Auditoría de comedores: Si bien el Gobierno argumenta la existencia de "comedores fantasma" para justificar el freno, la Justicia sostiene que esto no puede ser motivo para privar de alimento a los lugares que sí funcionan y están debidamente registrados.

El impacto en la región

En nuestra zona, la falta de insumos nacionales ha multiplicado la demanda en los municipios y en los comedores barriales que dependen de la solidaridad vecinal. "La situación no da para más, cada vez viene más gente y las ollas están vacías", señalan referentes sociales locales consultados por este medio.

Desde el Ministerio de Capital Humano insisten en que están "transparentando el sistema de asistencia", pero la presión judicial marca un límite claro: el hambre no puede esperar a los tiempos de la burocracia o de las auditorías.