Por Redacción Los Reporteros

La desprotección del ciudadano en el espacio público sumó un capítulo de fuerte indignación que promete desatar una oleada de reclamos administrativos y judiciales. Un pormenorizado relevamiento técnico de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) determinó la existencia de más de 150 radares de fotomultas operando de manera ilegal sobre las rutas nacionales de todo el territorio argentino, al carecer de la homologación obligatoria y la autorización de emplazamiento que exige la legislación vigente.

La proliferación de estos dispositivos "caza bobos" —montados de forma irregular por comunas e intendencias locales— coincide con una semana económica asfixiante, donde el desplome sostenido del consumo, la parálisis reflejada en la baja consecutiva por tercer mes de la venta de combustibles en el AMBA y las alarmantes deudas irrecuperables de más de 3 millones de personas obligan a los conductores a mirar con lupa cada centavo de sus presupuestos domésticos.

La trampa oculta: Fines recaudatorios y falta de señalización

La investigación de la ANSV desnudó que el despliegue de estos cinemómetros clandestinos responde a un patrón estrictamente recaudatorio y de caja política para los municipios, alejándose por completo de los criterios genuinos de prevención de la siniestralidad vial. De acuerdo con el informe, la gran mayoría de las intendencias infractoras ocultan los radares detrás de arbustos, puentes o curvas pronunciadas, omitiendo deliberadamente la cartelería de preaviso obligatoria que exige la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

Los inspectores nacionales detallaron las irregularidades más severas detectadas en los operativos de auditoría:

• Falta de calibración anual: Dispositivos cuyos sensores de velocidad no cuentan con el sello de validación técnica del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), generando mediciones erróneas y multas falsas.
• Jurisdicción invadida: Municipios pequeños que colocan cámaras sobre trazas federales (como la Ruta 3, la Ruta 9 o la Ruta 2) sin poseer convenios vigentes ni la autorización expresa de Vialidad Nacional.
• Notificaciones viciadas: Emisión de actas de infracción que llegan a los domicilios de los conductores meses después del supuesto hecho, privando al ciudadano de su derecho constitucional al debido proceso y a la legítima defensa.

Cómo actuar ante una fotomulta trucha y los límites del control

El director del organismo de control recordó a la población que toda multa labrada por un radar que no figure en el listado oficial de la ANSV carece de validez legal y puede ser impugnada de manera directa mediante el envío de cartas documento de rechazo estándar. El vacío de fiscalización estatal en los corredores federales expone la brecha de control que venimos desarmando desde la redacción de nuestro diario, sintonizando con las recientes advertencias que el FMI lanzó sobre las inconsistencias y la falta de transparencia en la gobernanza de las estadísticas del gasto público del Gobierno.

Ante la inminencia del movimiento vehicular por los fines de semana y la fatiga social que imponen los tarifazos de transporte, las agrupaciones de usuarios viales exigen que la ANSV pase de la fase de relevamiento a la de clausura efectiva de los equipos clandestinos. Mientras los equipos técnicos de las provincias intentan justificar la presencia de los cinemómetros bajo la excusa de la autonomía municipal, la confirmación de más de 150 terminales operando al margen de la ley coloca una señal de alerta máxima sobre las rutas, recordándole a los conductores la necesidad de verificar los mapas oficiales de radares antes de encender el motor y salir a la calzada.