Por Redacción Los Reporteros

El escenario de los tribunales de Comodoro Py, las auditorías a los endeudamientos soberanos y la delgada línea entre las decisiones de política económica y los delitos contra la administración pública ingresan en un punto de estricta auditoría, obligando a nuestra comunidad de lectura atenta a revisar los expedientes del poder. La embestida fiscal para evitar el sobreseimiento definitivo de Mauricio Macri y su equipo económico reaviva la batalla por la deuda del FMI. El examen de la apelación confirma que la fiscalía insiste en que no se acreditaron los controles legales mínimos antes de contraer el mayor crédito de la historia del organismo multilateral.

El fiscal de Cámara José Agüero Iturbe solicitó revisar el cierre de la causa por el préstamo de US$ 57.100 millones acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri, en 2018, cuando Luis Caputo era Ministro de Finanzas.

Los tres ejes del planteo judicial: Invalidez del archivo, el informe de la AGN y la sombra sobre funcionarios actuales

El desglose del recurso presentado ante la Cámara de Casación permite resumir los puntos salientes de la apelación:

• Objeción al cierre prematuro: Agüero Iturbe respaldó el planteo original del fiscal Franco Picardi, sosteniendo que la Justicia no puede archivar la causa tildándola de "acto político no juzgable" sin antes haber completado las pericias contables y los peritajes sobre la fuga de divisas.
• El peso del informe de la Auditoría (AGN): La fiscalía tomó como prueba clave el dictamen de la Auditoría General de la Nación, que detectó severos incumplimientos en el trámite del acuerdo, como la ausencia de un decreto presidencial que lo formalizara e irregularidades en los dictámenes jurídicos previos.
• Impacto en el esquema de poder: El expediente salpica directamente a las figuras centrales de la política económica de Cambiemos —como Nicolás Dujovne, Guido Sandleris, Luis Caputo y Federico Sturzenegger—, cobrando un alto voltaje político ya que varios de ellos conducen hoy los destinos financieros del Gobierno de Javier Milei.

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