La Libertad "avanza" en la privatización de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA): desde el Gobierno Nacional se autorizó el corte del suministro de agua a usuarios por falta de pago.

Así lo dejó establecido este martes bajo el Decreto 493/2025, difundido en el Boletín Oficial, donde también se reconfiguran sustancialmente las reglas del servicio de agua y cloacas en el área metropolitana, con el objetivo —según el texto— de atraer inversiones privadas y mejorar la eficiencia operativa de la compañía.

“La estructura actual resulta insuficiente para dar respuesta a las demandas crecientes de cobertura, calidad y sostenibilidad”, argumenta el decreto en sus considerandos, en el marco de una “profunda crisis económica” que impide al Estado continuar subsidiando el sistema.

Esta medida impacta directamente a los usuarios de agua y cloacas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos del conurbano donde AySA presta sus servicios. El decreto entró en vigencia este mismo martes 22 de julio, tras su publicación en el Boletín Oficial.

El Decreto de Necesidad y Urgencia fue remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación, que deberá pronunciarse sobre su validez en un plazo de diez días hábiles, según lo dispuesto por la Ley 26.122.

El nuevo marco regulatorio sustituye más de 100 artículos del régimen anterior y redefine los deberes y atribuciones de la concesionaria. Entre las principales novedades, se establece que la empresa podrá "cobrar las tarifas por el Servicio Público y las Actividades Complementarias Reguladas prestados bajo las modalidades que establezcan el presente Marco Regulatorio, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y el Contrato de Concesión".

Además, se modifica el artículo 2° del Decreto 304/2006, que establecía que el Estado poseía el 90% del capital de AySA, y ahora autoriza al Estado Nacional a "enajenar total o parcialmente su participación accionaria, conforme a las modalidades y procedimientos establecidos en las Leyes Nros. 23.696 y sus modificatorias y 27.742". Esto permite la venta de acciones y la entrada de capital privado en la empresa, en línea con la declaración de "sujeta a privatización" establecida por la Ley 27.742.

Corte por falta de pago y más facultades para la concesionaria

Uno de los cambios más notorios es que se habilitó a las empresa a interrumpir el servicio de agua potable a los usuarios en mora, conforme a las condiciones que se establecerán en el Contrato de Concesión. Además, se le otorgaron “amplias facultades para auditar las obras dentro del Área Regulada”, así como la posibilidad de constituir garantías con los ingresos de la concesión para respaldar financiamiento externo.

Asimismo, se estableció un nuevo régimen de relaciones entre los entes reguladores. El ERAS (Ente Regulador de Agua y Saneamiento) y la Agencia de Planificación (APLA) deberán cooperar y podrán ser convocados por la concesionaria o la sindicatura de usuarios ante cuestiones técnicas u operativas que así lo ameriten.

El decreto crea, además, el Plan Director de Mejora Estratégica, un instrumento técnico que será elaborado por APLA y revisado cada cinco años. Su objetivo es identificar las obras prioritarias para extender el servicio en función de criterios de viabilidad técnica y densidad poblacional. Aunque no tendrá carácter vinculante, servirá como guía para la planificación de inversiones por parte de la futura concesionaria.

"Resulta pertinente adoptar con celeridad medidas que permitan viabilizar urgentemente las inversiones necesarias y garantizar la mejora sostenida en las condiciones de prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales", sostiene el decreto presidencial.