A través del decreto 446/2024, el Gobierno nacional decidió eliminar dos fondos fiduciarios: uno destinado al financiamiento de proyectos científicos y tecnológicos, y otro al desarrollo urbano en barrios populares. La medida fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, el cual festejó que con esta decisión ya suman 24 los fondos dados de baja desde que asumió Javier Milei.

Uno de los más afectados es el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que llegaba a más de dos mil barrios populares en todo el país. El programa se encargaba del mantenimiento de villas y asentamientos inscriptos en el ReNaBaP, y de generar lotes con servicios. Según datos oficiales, el aporte rondaba los 2 millones de dólares diarios, sumando unos $300.000 millones al año.

El FISU fue creado en 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, y convertido en ley bajo la gestión de Alberto Fernández. Se financiaba con el 9% del Impuesto PAIS, fondos del BID, aportes nacionales y el 15% del Impuesto a la Riqueza. En la actualidad, el impuesto país ya no existe desde diciembre del 2024, por lo que el programa se vio desfinanciado sin previo aviso. 

Esto es parte de otro ataque a los sectores más vulnerables, que requieren sí o sí la intervención del Estado para mantener sus espacios en condiciones dignas. Hoy las villas ya no cuentan con financiamiento, como si estuvieran directamente destinadas a vivir en la precariedad. Sentados cobrando sueldos millonarios, los funcionarios del gobierno demuestran una vez más a quiénes están dirigiendo la motosierra, que sin duda, no es a la casta que prometieron destruir.