Este jueves 29 de mayo, a las 10:30, organizaciones, familias, profesionales y personas con discapacidad marcharán en defensa de sus derechos y en reclamo urgente por la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La convocatoria surge como respuesta a una creciente crisis marcada por recortes, demoras y el vaciamiento de políticas públicas fundamentales. Sin embargo, lo que encendió la indignación esta semana fue una frase que expone el desprecio oficial: "Si tuviste un hijo con discapacidad, es problema de la familia, no del Estado", según denunció la madre del activista Ian Moche tras una reunión con el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Orlando Spagnuolo.

El testimonio fue compartido en el programa Gelatina, donde Marlene Spesso expresó su dolor por la declaración de Spagnuolo, mientras Ian agregó que el funcionario incluso relativizó derechos adquiridos por el colectivo: “Nos dijo ‘¿por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?’”. Estas palabras, más que declaraciones aisladas, reflejan una política de abandono estructural.

La Ley de Emergencia en Discapacidad busca garantizar derechos básicos como salud, educación, rehabilitación, trabajo y protección social. El proyecto apunta a que el Estado cumpla con lo establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional en Argentina desde la sanción de la Ley 27.044. Sin embargo, lejos de avanzar, los retrocesos son cada vez más evidentes.

Desde el Foro Permanente de Discapacidad, denuncian una situación “insostenible”, con pagos congelados, retrasos alarmantes y falta de recursos que afectan directamente a las personas con discapacidad y a quienes las acompañan. "La emergencia no puede esperar", insisten, al tiempo que llaman a movilizarse para que el Estado deje de mirar hacia otro lado.

Diego Spagnuolo es abogado matriculado en la ciudad de Buenos Aires y también en la localidad bonaerense de San Isidro. Como asesor legal, fue parte del gabinete de Carlos Kambourian en la Secretaría de Salud de Pilar en la provincia de Buenos Aires.

En un país donde los derechos deberían ser universales y garantizados por el Estado, el mensaje de las autoridades es alarmantemente claro: la discapacidad es vista como una responsabilidad individual y no como una cuestión de justicia social. Esta visión niega la obligación estatal de garantizar condiciones de vida dignas. Sin embargo, para quienes enfrentan esta realidad a diario, la discapacidad no es una carga, sino una causa colectiva que exige respeto, recursos, compromiso y acción urgente.